Como República democrática, cada Estado centroamericano es constitucionalmente el instrumento para propiciar y velar, conforme al Estado de Derecho y a la gestión honesta de los bienes y recursos públicos, por el adelanto progresivo de la calidad de vida y la promoción de la dignidad humana de su pueblo.
Las Repúblicas centroamericanas, individualmente y en conjunto, deben procurar ese fin social dando respuestas a los requerimientos del desarrollo nacional por medio de políticas públicas definidas y consecutivas que encuentren entendimientos y complementaciones en el ámbito regional y en el universal, en donde la globalización política, además de económica y tecnológica, es también una realidad que ha generado una conciencia planetaria de justicia social, participación de la ciudadanía en los asuntos del Estado, y promoción y defensa de los derechos fundamentales de todas las personas.
Los habitantes de esas Repúblicas, por nuestra parte, tenemos que contribuir con ese fin social supremo, como deber superior que deriva del hecho de convivir pacíficamente en nuestra comunidad local, nuestro país y región centroamericana y en la comunidad internacional; y por beneficiarnos de los bienes y servicios públicos de esas comunidades así como de las oportunidades para nuestro progreso individual y familiar.
Por eso, el ejercicio de los derechos de las personas está vinculado indisolublemente al cumplimiento de los deberes fundamentales de la ciudadanía de respetar la dignidad y los derechos y libertades de todos los demás habitantes; participar activamente y prestar servicio a la colectividad local, nacional o regional, impulsando y velando por el bien común; y actuar conformemente a las exigencias de la moral, el orden público y del bienestar general en una sociedad democrática, tal como lo señalan las Constituciones de todas las Repúblicas centroamericanas y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
En consecuencia, cumplimiento y goce de deberes y derechos humanos fundamentales van a la par, están en relación recíproca y se combinan para la buena gobernabilidad de las Repúblicas democráticas, y es lo que legitima la política exterior de los Estados y su decisión de integrarse en bloques regionales.
La decisión de participar en un bloque regional implica la de integrar y aprovechar funcional y estratégicamente la ubicación geográfica de un grupo de Estados, sus antecedentes históricos y aspiraciones comunes, su marco político democrático convergente, su solidaridad y más acentuada interdependencia de recursos e intercambios, la fuerza de su unidad frente a amenazas comunes contra su seguridad, y las ventajas para el desarrollo humano nacional de sus pueblos que todo ello trae aparejado.
Mejorar las condiciones de vida de los habitantes impulsando, en forma conjunta, el desarrollo de Centroamérica, fue el propósito de los Estados centroamericanos al iniciar, en 1960, su integración en el área económica que se caracterizó (con sus resultados positivos y negativos) como “Mercado Común Centroamericano”.
Treinta y un años después, se concluyó el Protocolo de Tegucigalpa que institucionalizó el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), ampliando la integración, hasta entonces únicamente comercial e incipientemente económica, a lo social, cultural, ambiental y político, y orientando expresamente la gestión legítima del proceso integrador a la democracia inseparable del desarrollo sustentado en el respeto, promoción y tutela de los derechos humanos de las y los habitantes centroamericanos.
La naturaleza democrática que caracteriza nuestra regionalización como Sistema de la Integración Centroamericana, se reafirma expresamente, entre otros aspectos, por la directrices expresadas en su ordenamiento jurídico, en cuanto a progresar hacia un sistema de bienestar y justica económica y social, con un régimen amplio de libertad que, en paz, asegure el desarrollo pleno y armonioso del individuo y de la sociedad en su conjunto, promoviendo mejores y mayores oportunidades y una mejor calidad de vida y de trabajo a la población centroamericana.
Para viabilizar la materialización de esas directrices, se incluyen normas orientadas a garantizar, a todas y todos los habitantes centroamericanos, las condiciones de seguridad democrática que les permitan participar y beneficiarse de las estrategias nacionales y regionales de desarrollo humano sostenible, mediante el impulso de una economía de mercado que posibilite el crecimiento económico con equidad y la orientación de los presupuestos nacionales hacia el beneficio del sector social y de todos aquellos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes, con particular atención a las clases más desprotegidas de la sociedad.
Se infiere objetivamente que la integración ístmica vigente es filosófica y normativamente instrumento para afianzar la democracia (representativa y participativa) a la cual tiene como propósito contribuir a consolidar, en cada uno de los Estados miembros, exigiendo, más allá de los ritos electorales, la garantía de la legitimidad del ejercicio gubernamental en función del respeto y promoción de los derechos humanos, del medio ambiente y del imperio del Derecho. (Herrera Cáceres, Hacia una Centroamérica por Todos Compartida, 1998; Herrera Cáceres, Visión Regional de Centroamérica – El proceso de integración, la reforma institucional y las expectativas de los pueblos, 1998)
La particularidad de la integración en Centroamérica se encuentra en que las Repúblicas centroamericanas han creado un sistema regional democrático de modelos propios convergentes, consistentes en un marco jurídico – político e institucional integrador profundamente humanista, complementado, para su implementación, con un modelo de desarrollo humano subregional que, a su vez es nacional y local; y con un modelo de seguridad democrática conducente a crear las condiciones fundamentales para que ese modelo de desarrollo se pueda realizar.
Los Estados del Istmo centroamericano se han comprometido jurídicamente, a actuar con integridad y transparencia en la implementación efectiva del sistema regional democrático de modelos propios convergentes que se ha anteriormente descrito.
Sin embargo, pronto habrán transcurrido veinte años de haberse asumido internacionalmente esos compromisos y aún no se cumplen, lo que es un hecho significativo de ausencia de voluntad política o de falta de capacidad colectiva para contribuir o gestionar democráticamente la comunidad jurídica regional en su propósito de posibilitar mejores condiciones para el desarrollo integral de los pueblos centroamericanos.
Ese hecho se ha verificado en intercambios científicos y en estudios internacionales comparados en los cuales se ha corroborado que la mera firma de tratados no crea la integración regional y que la falta de su implementación legal es uno de los más prominentes problemas u obstáculos de los procesos de integración y de su productiva proyección en las relaciones internacionales. (Center for European Integration Studies, Elements of Regional Integration - A Multidimensional Approach - University of Bonn, Germany, 2008).
Esa actitud ha entrañado una grave omisión político - jurídica que ha traído consigo el vaciamiento de la integración centroamericana en cuanto a su razón de ser o naturaleza humanista, y ha permitido la aplicación de modelos concebidos por actores foráneos para quienes Centroamérica sólo interesa como puente facilitador de la pujante transnacionalización de la economía mundial, orientada a fomentar principalmente el bienestar de otros pueblos, sin consideración debida al de los propios centroamericanos y centroamericanas. Eso es un contrasentido.
La Centroamérica que forjamos, como Sistema de la Integración Centroamericana, y ante la cual se está en omisión jurídica y en irresponsabilidad ética de cumplimiento, si bien está abierta a todas las formas de cooperación democrática con otros Estados, bloques de Estados u organizaciones internacionales, debe concretar sus relaciones internacionales de intercambio, inversión y cooperación bajo condiciones equitativas que aseguren siempre el respeto de la dignidad y la promoción de la calidad de vida y de trabajo de los centroamericanos y centroamericanas.
Ese aprovechamiento en función del desarrollo humano de los pueblos centroamericanos es lo que, en dos de nuestros libros, planteamos documentada pero infructuosamente tanto al momento de negociarse el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de América y Centroamérica (Herrera Cáceres, Imperio del Derecho y Desarrollo de los Pueblos, 2003) como desde el inicio de las negociaciones del Acuerdo de Asociación que incluya una Zona de Libre Comercio con la Unión Europea (Herrera Cáceres, Integridad y Transparencia en Centroamérica y en sus Relaciones Internacionales, 2007).
Nuestro interés centroamericano, afianzado en valores republicanos democráticos, es lograr que se pondere políticamente nuestra regionalización ístmica en esta era de configuración creciente de bloques de Estados que podrían transformar y democratizar el sistema internacional, y que se utilice la unidad de nuestro renovado proceso de integración centroamericana, su naturaleza democrática y situación geoestratégica, como factor que permita armonizar y asegurar la equidad y el respeto debido a la personalidad y fin humano de nuestra región, con el beneficio recíproco en las negociaciones internacionales comerciales o económicas, políticas y de cooperación con el resto del mundo.
Doctor de la Facultad de Derecho, Economía y Ciencias Sociales de la Universidad de París, Francia; Abogado y Notario de Honduras; Presidente de la Comisión Preparatoria y Primer Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); Diputado Fundador del Parlamento Centroamericano; Diplomático de Carrera; Escritor y Conferencista internacional.
