La Unión Europea (UE) y el Gobierno de la República firmaron un convenio de cooperación económica por 44 millones de euros que serán destinados para el sector de seguridad ciudadana.

Los recursos del convenio serán manejados por el Programa de Apoyo al Sector Seguridad de Honduras (PASS) para contribuir al desarrollo humano del país mediante la protección de la sociedad frente a la delincuencia y el crimen organizado.

Los fondos que recibirá el Gobierno para reforzar la seguridad ciudadana y preventiva fueron gestionados por la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional (Setco).

La ministra de Setco Karen Zelaya, manifestó que el programa se presenta como un enfoque sectorial, englobado a los principales actores de la seguridad pública y de justicia con una visión clara de unidad de acción.  Zelaya, indicó que “se tiene la intención de no tratar únicamente los síntomas sino que también las causas de la inseguridad pública”.

La funcionaria, detalló que la realización del programa se concibe con tres ejes principales: Prevención, reestablecimiento de la primacía de la ley y rehabilitación, involucrando a la Secretaria de Seguridad, Ministerio Público (MP) y Poder Judicial, entre otras instituciones.

"El fortalecimiento de las instituciones encargadas de brindar seguridad y justicia a la sociedad tendrá un impacto significativo en el clima de violencia e impunidad existente, mejorando la imagen del Estado como garante de los derechos y libertades de la población", precisó.

La ministra, señaló que a través de los fondos provenientes de el convenio con la Comunidad Europea, se comprarán medios logísticos, laboratorios, telecomunicaciones, material de investigación criminal y dotación de un sistema informático entre otros insumos.

“Se mejorarán las condiciones de trabajo para un mejor desempeño en jueces, fiscales y policías para mejorar la imagen de las instituciones y la confianza de la población. Por medio de campañas publicitarias se educará a la población en cómo responder a un delito para facilitar la investigación y resolución del caso”, subrayó Zelaya.

El programa que se beneficiará, a través de los fondos del convenio tendrá un periodo de ejecución de por lo menos cinco años, el cual será fiscalizado y auditado por un organismo internacional.