Esta iniciativa se llevará a cabo a través de otros tantos programas operativos que han sido aprobados por el Consejo de Gobierno y cuya realización correrá a cargo de la Administración autonómica y de organizaciones no gubernamentales, universidades, entidades locales y organizaciones sindicales y empresariales.

Por volumen de financiación prevista, destacan Nicaragua 19 millones de euros y Guatemala 18 millones. Les siguen El Salvador 14.1 millones, Cuba 13.8 millones, Bolivia 12.4 millones, Paraguay 10.9 millones; República Dominicana 4,6 millones; Territorios Palestinos 8.9 millones; Mozambique 8.4 y Costa Rica y Panamá, con 2.4 millones cada una.

Estos países forman parte del conjunto de 22 definidos como prioritarios en el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2008-2011.

Los doce restantes, cuyos programas operativos serán aprobados en el primer trimestre del próximo año, corresponden a Ecuador, Honduras, Perú, Marruecos, Mauritania, Mali, Senegal, Guinea Bissau, Burkina Fasso, Togo y República del Congo.

Además, la Junta también aprobará un programa específico para el Pueblo Saharaui centrado en ayudas de carácter humanitario.

Estas zonas de acción prioritaria se seleccionaron atendiendo a criterios como la posición en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, el volumen de población en situación de pobreza, la presencia tradicional de la cooperación andaluza y la complementariedad de acciones con la española, entre otros.

Los programas operativos constituyen el nuevo marco para la ejecución de los proyectos previstos en la Ley andaluza de Cooperación Internacional.

Diseñados con las aportaciones y el acuerdo de los gobiernos de los países receptores, estos documentos establecen las líneas orientadoras de los proyectos previstos para cada país.

Su contenido presta especial atención a la generación de procesos de desarrollo y a la mejora de los servicios básicos (salud, educación, vivienda, saneamiento, seguridad alimentaría y acceso al agua). Junto con estos objetivos, todos los programas recogen prioridades de tipo transversal relativas a la igualdad entre hombres y mujeres, la protección del medio ambiente, el fomento de la diversidad cultural y el fortalecimiento institucional público.